El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de choque por valor de 309 millones de euros, de los que 80 millones se estructurarán como un estímulo económico, para dar respuesta a la crisis humanitaria en Ceuta.
El plan, presentado por el vicepresidente Carlos Cuerpo, contempla cuatro ejes distintos: un refuerzo de los servicios públicos en Ceuta y Melilla, un incremento de la dotación en materia de seguridad, mayor financiación para las labores de acogida y el estímulo económico per se. “La idea de este Real Decreto-Ley es atender a las peticiones que nos han hecho agentes sociales, asociaciones empresariales y la ciudad de Ceuta en el último mes en que hemos estado en contacto permanente con todos ellos, teniendo una monitorización continua de la situación en la ciudad”, ha dicho el también ministro de Economía, que ha puesto en valor el volumen de las medidas para los próximos cuatro meses: cerca del 16% del PIB de la ciudad.
El primero de los ejes que contempla el plan de choque aprobado por el Ejecutivo es la inyección de 21 millones para reforzar los servicios esenciales de ambas ciudades, así como las plantas desalinizadoras en ambos enclaves, fundamentales para el día a día de ceutíes y melillenses. En concreto, han detallado fuentes de Moncloa, se sumarán 100 nuevos profesionales para el refuerzo de la atención primaria y hospitalaria (2,5 millones de euros), el refuerzo de la seguridad en centros educativos y actuaciones de acompañamiento para la comunidad docente (3,2 millones), 4,5 millones para el refuerzo de la administración de Justicia y una subvención de 2 millones de euros a la ciudad de Ceuta.
El segundo es el refuerzo en materia de seguridad, con 90 millones de euros, y que contempla un incremento del incentivo al rendimiento para Policías y Guardias Civiles, así como el refuerzo del despliegue de personal y medios de las Fuerzas Armadas.
La tercera pata del paquete de medidas, y la más voluminosa (118 millones), refuerza los servicios de acogida humanitaria, con 53,4 millones para asegurar alojamiento y atención básica a las personas migrantes y 63,6 millones para la acogida de menores no acompañados.
(Estamos ampliando esta información)
