Son 180 millones que impulsarán proyectos para desarrollar asistentes digitales, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial o ciberseguridad. El Gobierno ha resuelto las convocatorias Red IA y Red IA Salud, seleccionando 372 candidaturas de empresas de todas las comunidades autónomas, el 70% de ellas pymes, para incorporar sistemas de inteligencia artificial al tejido productivo español.
“Igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA. Pero la productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa tecnología es útil y llega a todos, también a las pymes y no solo a las grandes empresas”, ha manifestado este lunes el ministro Óscar López durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, la principal patronal de la economía digital, celebrado en Santander.
Hasta 50 millones de la partida se destinarán a financiar 72 proyectos del ámbito sanitario. Las iniciativas cubren distintas fases del proceso médico, como la investigación clínica, biomédica y farmacológica, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de pacientes y la respuesta ante emergencias.
Según los datos del Ejecutivo, España es uno de los países europeos donde las empresas están adoptando la tecnología de la IA más rápidamente. “Superamos a países como Francia o Italia”, defienden fuentes gubernamentales. En este sentido, fuentes gubernamentales consideran “fundamental” que el país gane la carrera por una de las gigafactorías europeas de IA. Estas infraestructuras pretenden concentrar grandes centros de datos junto a los mejores investigadores del continente para desarrollar modelos de IA avanzada.
“Estoy totalmente convencido de que la candidatura española va a ser una de las primeras en las factorías de IA de Europa, un proyecto que va a movilizar más de 4.000 millones de euros”, ha expresado López en Santander. Durante el evento, desde su equipo han recalcado la “solidez” de la candidatura, que ha recibido más de 700 millones de euros públicos, en un consorcio público-privado que lideran Telefónica, el Banco Santander y ACS.
“Estos socios aseguran que la candidatura sea robusta, pero es mentira que los beneficios se vayan a quedar en cuatro grandes empresas. Una vez que estén construidas, la Comisión Europea va a comprar capacidad de supercomputación a estas gigafactorías. Y dentro de esos proyectos, una parte muy importante va a ser precisamente para facilitar el acceso de las pymes a esta supercomputación”, continúan las mismas fuentes.
“Las grandes empresas pueden invertir en capacidad de supercomputación, pero las más pequeñas no. Lo que queremos es acercar esa capacidad a todas las empresas”, insisten: “No hay que ver la IA solo como la última tecnología, sino como un elemento clave en toda la cadena de valor. Está en la minería de las tierras raras, gestión de recursos críticos, chips, redes, Internet de las cosas, nube, software, logística... está en todas las capas de desarrollo”.
Control de los centros de datos para evitar “la burbuja”
Desde el Ejecutivo creen que hay tres pilares para que el avance de la IA no genere repulsa y protestas, como está ocurriendo ya en EEUU y algunos países europeos. Uno es facilitar ese acceso a sus capacidades para todas las empresas. El segundo son las leyes para frenar sus efectos adversos o no consentidos, como la generación de imágenes sexualizadas sin permiso. El tercero, el control de los centros de datos, un punto que ha centrado las conversaciones en el encuentro de Santander.
Tal y como avanzó elDiario.es la pasada semana, varios ministerios están trabajando en una nueva regulación para estas infraestructuras que sobre su impacto medioambiental o el mantenimiento de la soberanía española sobre lo que ocurre en su interior y los datos que utilizan.
El anuncio ha provocado críticas desde algunos sectores, que consideran que medidas como la obligación de abastecerse en un 80% de energía sostenible puede frenar la inversión extranjera. “No entenderíamos que hubiera problemas ahora con estos requisitos, ya que todas las empresas que han instalado sus centros de datos aquí lo hacían prometiendo que iban a ser 100% sostenibles y soberanos”, contestan desde el departamento de Transformación Digital que dirige López.
“Todo el mundo sabe que en el sector de los centros de datos se estaba generando una burbuja”, defienden, recordando que las peticiones de instalación de estas instalaciones se multiplicaron por tres en dos años. Muchas de esas solicitudes eran empresas que no planeaban construir esas fábricas de IA, sino especular con el acceso al suelo y la electricidad, argumentan. “Eso había que frenarlo y es lo que hemos hecho”.
El ministerio enmarca la regulación como una respuesta preventiva a un fenómeno que ya se observa en otros países: en Irlanda, los centros de datos absorberán este año en torno al 23% de la energía del país y podrían llegar al 32% en 2030. En Estados Unidos la cifra ronda entre el 25% y el 30% en algunos estados, lo que está provocando un encarecimiento de los precios de la energía y disparando la oposición a estas infraestructuras, que ya alcanza un 25% según algunas encuestas.
