La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha acordado oír tanto a la Fiscalía como a la Comunidad de Madrid y a la entidad pública Planifica Madrid en el plazo de cinco días para que se pronuncien sobre la conveniencia de nombrar a un instructor para que entre a estudiar si hubo desvío de fondos públicos para la adquisición del ático de uso residencial por 6,3 millones de euros que fue comprado en Chamberí y que iba a ser destinado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este paso llega después de que el Tribunal de Cuentas recibiera a lo largo del mes de agosto y septiembre hasta cinco denuncias, una de ellas del Grupo Parlamentario Más Madrid. Las partes a las que se les escuchará también pueden solicitar el archivo de la acción pública abierta.
La diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, señala que, en caso de seguir adelante, se actuaría conforme al artículo 47 de la ley de funcionamiento de este tribunal que recoge que se practicarán “las diligencias oportunas en averiguación del hecho y de los presuntos responsables o sus causahabientes”. Contempla también que se podrá requerir a los presuntos responsables para que depositen o afiancen “el importe provisional del alcance, más el cálculo provisional de los intereses que pudieran resultar procedentes, bajo apercibimiento de embargo”. Además, se contempla el embargo de los bienes de los presuntos responsables a no ser que tuviesen afianzada sus posibles responsabilidades.
Según argumentaba en su denuncia ese grupo parlamentario, si se tienen en cuenta otros posibles gastos derivados de este tipo de compraventas y con estas cantidades de dinero, el precio total de compra —incluidos impuestos y otros posibles gastos derivados como los de gestión— podría acercarse mucho al precio de venta que ha decidido establecer la Comunidad de Madrid, lo que podría conllevar una posible “pérdida patrimonial”, según el escrito.
Otro de los puntos por los que ven ese “menoscabo” de caudal público es que se ha adquirido un inmueble “innecesario o no idóneo para la finalidad o necesidad pública”. El motivo es que cuando se conoció la compra, el equipo de Isabel Díaz Ayuso aseguró que el ático se destinaría a “reuniones” oficiales mientras durasen las obras de la sede de la Presidencia en Sol. Sin embargo, el inmueble no puede ser oficina debido a la normativa del Ayuntamiento de Madrid.
El partido estima que Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia encargada de la operación, habría pagado un importe de unos 378.000 euros como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), al margen de esos 6,3 millones que costó el ático. Esa es otra de las claves que se denuncian: la posibilidad de que la empresa haya “soportado una carga tributaria excesiva”, en comparación con otras entidades que no tienen que pagar ITP.
Pero no solo eso, la cifra también podría aumentar si se tienen en cuenta otros gastos, como los de notaría y gestoría. En total, Más Madrid calcula que serían unos 6,68 millones en total, una cifra que se aproxima a los casi 6,7 millones de euros de venta. “De realizarse la venta por ese importe podría producirse una pérdida patrimonial”, aseguran en el documento, al que tuvo acceso elDiario.es.
