La Fiscalía también reclama que se levanten las medidas cautelares y el Tribunal Supremo permita votar a todos los nacionalizados por la ley de nietos. Fuentes del Ministerio Público afirman que en las alegaciones presentadas, la Fiscalía ha reclamado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que “sopese la posibilidad” de no revisar las concesiones de nacionalidad otorgadas mediante la ley de nietos, tal y como había pedido realizar en el auto en el frenó el derecho al voto de miles de descendientes de represaliados.
“Se ha sugerido a la Sala que esta nueva situación puede haber cambiado el escenario de ponderación de intereses en conflicto que ha de valorarse para adoptar medidas cautelares, para que se sopese la posibilidad de no llevar a cabo esas acciones de revisión del censo al menos durante este proceso electoral”, aseguran estas fuentes.
Según la postura fijada por el Supremo, los consulados debían expedir certificados a quienes acreditaron con documentos el exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad y diferenciarlos así de quienes recurrieron a la instrucción que presumía dicha condición para todos los españoles que salieron de España entre 1936 y 1955 sobre la que han puesto el foco los magistrados.
De esta forma, solo los primeros podrían votar de acuerdo a estas medidas cautelares. Este jueves, los servicios jurídicos del Estado insistieron en que la convocatoria de elecciones hacía “materialmente imposible” revisar esos expedientes a tiempo y solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares.
La Fiscalía se une también a esta petición al constatar las “serias dificultades que puede crear y posibles incompatibilidades” entre las medidas cautelares del Supremo y el adelanto electoral. Así, el Ministerio Público sostiene que “la ejecución del auto puede generar una continua y progresiva suspensión de altas en el censo desde este momento hasta el de las elecciones y con posterioridad”.
