La Fiscalía Antidroga ha solicitado al tribunal que juzgó a una sucursal de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol que todos los condenados ingresen en prisión al “considerar que existe un claro riesgo de fuga a la vista de las penas impuestas”. Entre los condenados está Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, a quien la Audiencia Nacional ha impuesto una condena de nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales.
Se trata de diecisiete condenados y otros tres para los que la Fiscalía solicita la expulsión del territorio nacional. En un escrito del 1 de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía no distingue entre tipos de condenados por penas y solicita la medida para todos por igual.
La abogada de Broberg, Sylvia Alonso, ha recurrido ya la petición de Fiscalía al considerar que su cliente conserva “intacto su derecho a la revisión de la sentencia” mediante recursos de apelación y casación. Broberg, añade su letrada, ha estado “perfectamente localizado y a disposición del órgano judicial, comunicando puntualmente todos sus cambios de domicilio”.
En este sentido, la letrada alega que Broberg entregó su pasaporte, no ha salido del territorio nacional y aportó la fianza de 50.000 euros para obtener su libertad provisional. También asistió a las comparecencias que se le impusieron. En la petición de la Fiscalía no se dan los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad que establece la ley, según la letrada, quien recuerda cómo el Constitucional reitera que la prisión provisional “no puede convertirse en una anticipación del cumplimiento de pena”.
La sentencia también le impone una multa de 4,9 millones de euros. La Fiscalía Antidroga, durante el juicio, llegó a pedir para él el doble de años de prisión además de 30 millones de euros en multas.
La sentencia considera probado que Broberg se dedicó desde al menos 2019 a la compra y venta de marihuana y hachís para enviarla desde España a Francia y a terceros países. En esa operativa, señala, él mismo contactaba con los proveedores e incluso con miembros de otras redes para suministrar la sustancia estupefaciente.
Junto a él, la Audiencia Nacional ha condenado a otros 21 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal -formada principalmente por ciudadanos suecos- y por blanqueo de capitales. A once de ellos se les ha aplicado la atenuante de confesión dado que reconocieron los hechos y se conformaron con las penas que solicitaba la Fiscalía Antidroga.
