La maquinaria judicial de Marruecos ha iniciado ya acciones penales contra al menos 86 personas acusadas de organizar, facilitar e incentivar los cruces masivos de miles de migrantes irregulares hacia las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, que tuvo hace una semana su pico más grave.
Entre los encausados figuran decenas de adultos y al menos siete menores de edad. Las actuaciones de los tribunales marroquíes se concentran en dos focos judiciales principales: el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán y los juzgados de la ciudad de Nador, contigua a Melilla.
Estas primeras condenas y cargos se han registrado en las ciudades de Tetuán y Nador. En la primera de ellas, en concreto, la Fiscalía ha procesado a 34 personas, entre ellas cinco menores. De este grupo, el Tribunal de Primera Instancia ya ha dictado las primeras condenas firmes de entre tres y seis meses de prisión, acompañadas de multas económicas de hasta 1.000 euros, para 11 de los imputados.
Los cargos presentados por el Ministerio Público incluyen la organización y facilitación de salidas clandestinas del país, el transporte no autorizado de pasajeros fuera de los puntos fronterizos habilitados, la permanencia ilegal tras la expiración de visados, insultos y agresiones contra los miembros de las fuerzas de seguridad, así como actos de desobediencia y destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicas.
En el caso de los cinco menores procesados en Tetuán, el juzgado ha ordenado su traslado a un centro de protección de la infancia situado en las afueras de Rabat, tras ser acusados de participar en actos de violencia urbana y vandalismo durante las aglomeraciones en la frontera.
Por otra parte, los tribunales de Nador han puesto a disposición judicial a otras 52 personas -incluidos dos menores de 18 años- por incidentes vinculados a los intentos de incursión en Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África. Según informó la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), 11 de los acusados han sido remitidos a la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelación bajo cargos de naturaleza criminal, mientras que los 41 restantes comparecen ante el Tribunal de Primera Instancia. Todos ellos se encuentran actualmente en prisión preventiva.
La magnitud de la crisis y discrepancia sobre las víctimas
El episodio migratorio registrado entre el jueves y el viernes pasados supuso una presión sin precedentes en la frontera sur de Europa. Según cifras de las autoridades locales y organizaciones sobre el terreno, más de 70.000 personas lograron traspasar el espigón del Tarajal a nado o a pie hacia Ceuta, mientras que algo más de un millar intentó adentrarse en Melilla. La inmensa mayoría de los migrantes eran jóvenes marroquíes, aunque también se constató la presencia de familias enteras con niños pequeños.
La travesía marítima y el colapso fronterizo han dejado un trágico balance humano sobre el que existen marcadas discrepancias entre las fuentes oficiales y los organismos no gubernamentales. Por un lado, las autoridades españolas confirman al menos 80 personas fallecidas en aguas de Ceuta, tras haber recuperado 75 cadáveres en la vertiente española de la costa. Sin embargo, la ONG Caminando Fronteras, que tiene un enorme conocimiento de décadas sobre los movimientos migratorios en la zona, eleva la cifra total de fallecidos a 141 personas, señalando que 63 cuerpos fueron recuperados en aguas bajo jurisdicción marroquí.
Las autoridades de Marruecos, por su parte, mantienen su balance oficial en 11 fallecidos dentro de su territorio, aportado a principios de esta semana.
Redes sociales y bulos sobre la ley
El Ministerio del Interior de Marruecos rechazó categóricamente que la crisis haya sido fruto del azar o de una relajación deliberada en los controles fronterizos. En un comunicado recogido por medios locales, la diplomacia marroquí sostuvo que lo ocurrido obedeció a la "explotación maliciosa del espacio digital", la acción de mafias dedicadas a la trata de personas y la proliferación de campañas de desinformación.
Según el análisis de las autoridades de Rabat, en plataformas digitales y aplicaciones de mensajería se difundieron interpretaciones engañosas sobre recientes fallos del Tribunal Supremo español en materia de devoluciones en frontera, lo que llevó a miles de jóvenes a creer erróneamente que una vez alcanzado suelo español no podrían ser devueltos de forma inmediata.
Fuentes diplomáticas marroquíes recalcaron a El País, igualmente, el elevado esfuerzo económico del país en la contención de los flujos migratorios, cifrando el gasto anual de Marruecos en casi 500 millones de euros, frente a una aportación europea que sitúan en torno a los 145 millones. El Ejecutivo alauí reiteró su compromiso de mantener los acuerdos bilaterales de readmisión de migrantes irregulares.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación por lo que califica como una respuesta "marcadamente securitaria y represiva" frente a una problemática de origen socioeconómico. La ONG ha hecho un llamamiento para que se respeten estrictamente las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, en un contexto especialmente complejo debido a la huelga general que mantienen los abogados en Marruecos desde hace varias semanas.
Mientras se tramitan las causas judiciales, la tensión persiste en el área fronteriza. El Gobierno autónomo de Ceuta ha trasladado al Ejecutivo central su alarma por la circulación de nuevos mensajes en redes sociales marroquíes que convocan un segundo intento de entrada masiva para el próximo 15 de agosto desde la localidad vecina de Fnideq (Castillejos). Las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera mantienen activados los protocolos de vigilancia reforzada.
