El rescoldo deportivo de la crisis migratoria de Ceuta deja un nuevo frente abierto para el Gobierno. El hecho de que el Mundial 2030 esté organizado por España y Marruecos (junto con Portugal) ha generado una brecha política para la que el Ejecutivo no tiene, de momento, respuesta.
La oposición, casi al unísono, ha salido a pedirle a Pedro Sánchez dos cosas: primero, que al menos se abra un debate sobre la conveniencia o no de mantener esa alianza organizativa y, segundo, y como mal menor, que garantice que la final del campeonato, prevista para el 21 de julio de ese año. El Partido Popular es quien más concreto ha sido en sus peticiones y en sus posibles consecuencias.
En una carta enviada a la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, con fecha de ayer, advierte al Gobierno de que, en caso de que España no fuera sede de la final, cuestionará «la conveniencia de que España siga adelante con la celebración de la Copa del Mundo». Es decir, que si la FIFA le entrega la final a Marruecos, los populares creen que hay margen para plantearse si tiene sentido seguir organizando el Mundial. Esta postura cobra especial relevancia pues, en función de los plazos y del resultado de las elecciones generales del próximo año, podría darse el caso de que la elección de la sede de la final se produjese con un Gobierno del PP.
La misiva, firmada por Borja Sémper, portavoz de Cultura y Deporte, enfatiza que es España quien está soportando el coste económico de la organización, de ahí que solicite a la Ministra una reunión para iniciar una colaboración, no sin antes acusar al Ejecutivo de no hacer nada. «Me preocupa, muy especialmente, la inacción pública del Gobierno ante un escenario de estas características. La final 2030 no se decidirá comparando aforos ni planos de estadios: se decidirá en los despachos. Y en ese terreno, España no puede comparecer con declaraciones cuando otros comparecen con una acción de Estado coordinada», dice.
"LA FINAL NO ES UN FAVOR"
Esas declaraciones a las que hace alusión Sémper son las de la propia Milagros Tolón que, cuestionada por el asunto, se limitó a decir que confían en ser sede de la final «porque nos lo merecemos». «La final no es un favor que haya que solicitar, sino la consecuencia natural del liderazgo de España».
La toma de posición del PP sobre el asunto fue la más contundente, pero no la única. En apenas 48 horas, partidos situados en posiciones ideológicas opuestas llegaron a una misma conclusión. El movimiento comenzó el martes con la iniciativa registrada por Sumar, que reclamaba una revisión de la candidatura conjunta a la luz de los acontecimientos de Ceuta y planteaba incluso la posibilidad de activar mecanismos que permitan revisar la condición de anfitrión de cualquier país que incurra en incumplimientos graves relacionados con los derechos humanos. A esa posición se sumaron después Podemos y distintos dirigentes de la izquierda.
Ayer, el asunto dejó de ser una reivindicación de un único espacio político cuando Vox registró una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a solicitar ante la FIFA la exclusión de Marruecos del Mundial 2030. El partido de Abascal considera que los acontecimientos vividos en Ceuta han roto las condiciones de confianza necesarias para una candidatura compartida y exige además que España garantice que la final se dispute en territorio nacional.
Respecto a esa final, el Gobierno quiso poner el énfasis en que la FIFA había desmentido la información de The Times en la que se afirmaba que Gianni Infantino le había prometido ese último partido a Marruecos si le apoyaba para ser reelegido. Conviene no olvidar que la FIFA también desmintió, en un primer momento, la intención de privatizar un 20% del Mundial, algo que resultó ser cierto a la luz de lo sucedido después.
En definitiva el Gobierno, partidario del perfil bajo, cuando no de la inhibición, se topa con una presión creciente que llega desde posiciones ideológicas muy distintas. Unos exigen romper con Marruecos. Otros reclaman una revisión completa de la alianza. Pero incluso entre quienes defienden mantener el proyecto conjunto empieza a consolidarse una idea que hace unos meses parecía indiscutible y ahora se ha convertido en exigencia política: si España continúa en esta candidatura, debe movilizar todos los recursos diplomáticos a su alcance para garantizar que la final de 2030 se juegue en España.
