El Gobierno se va de vacaciones con la vista puesta en una recta final de la legislatura en la que quiere “culminar” los proyectos pendientes y que también servirá como una larga precampaña para unas elecciones generales que, previsiblemente, no tendrán lugar antes de 2027. En ello insistió este martes el presidente Pedro Sánchez en su ya tradicional rueda de prensa de balance del curso político tras el último Consejo de Ministros antes del parón veraniego, donde insistió en que tiene intención de presentar Presupuestos Generales del Estado a la vuelta del verano y en la que volvió a rechazar el adelanto electoral que PP y Vox llevan meses exigiéndole.
“Queda un año para culminar esta legislatura”, afirmó Sánchez durante su larga comparecencia de este martes. Y no fue una afirmación casual: posteriormente, el mandatario insistió en que “las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, duran cuatro años, no solamente pasa eso cuando gobierna la derecha, que cuando gobernamos el resto al día siguiente ya están pidiendo elecciones”. “Nos queda un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio que puede mostrarse con orgullo, para demostrar que no se tiene por qué elegir entre crecer y proteger, entre modernizarse y mantener la cohesión, entre ser fuerte dentro y respetable fuera”, afirmó.
No obstante, esa afirmación tiene matices. Fuentes del equipo de Sánchez explicaban minutos después de su comparecencia que la Moncloa no consideraría un adelanto electoral todo lo que sea celebrar las elecciones generales en 2027, pese a que la ley permitiría a Sánchez no disolver las Cortes hasta julio del año que viene. El presidente no quiere cerrarse ninguna puerta, habida cuenta de que la decisión de convocar los comicios depende por entero de él. Y, por tanto, sigue abierta la opción de llamar a las urnas en el primer trimestre del año, una opción que el mismo Sánchez dejó caer el mes pasado para calmar al PNV, que no quiere bajo ningún concepto que las elecciones generales coincidan con las municipales, previstas para mayo de 2027.
El hecho de que Sánchez abriera la puerta el pasado junio a adelantar unos meses los comicios satisfizo al PNV, temeroso de que un superdomingo electoral contaminara la campaña de las locales con debates nacionales, un escenario que los nacionalistas vascos consideran que les perjudica. Con ese movimiento, el presidente consiguió que la formación que lidera Aitor Esteban dejara de exigir un adelanto electoral para ya y concediera unos meses de margen a la Moncloa. Pero el PNV ha dejado claro que, a su juicio, si el Gobierno no consigue sacar adelante los Presupuestos, deberá convocar elecciones. Y parece imposible que esas cuentas se aprueben, habida cuenta de que Junts ha afirmado que no piensa ni siquiera sentarse a negociarlas.
No obstante, Sánchez no solo aseguró que tiene intención de culminar la legislatura, sino que defendió públicamente lo que pocos en el Gobierno creen en privado: que no solo la intención del Ejecutivo es presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado por primera vez en la legislatura, sino que su “voluntad” es “aprobarlos”. “Nuestra intención es presentarlos en 2026, nuestra voluntad es aprobarlos en 2026, y nuestra intención y voluntad es que las legislaturas, como siempre cuando he gobernado, duren lo que constitucionalmente se establezca”, insistió.
El decreto de vivienda y otros asuntos pendientes
Más allá de unas cuentas públicas con pocas perspectivas de éxito —Junts ya ha dado al Gobierno sus dos primeros bofetones en materia presupuestaria este mismo julio al tumbar la senda de estabilidad en el Congreso—, el Ejecutivo se va de vacaciones con deberes en la maleta. El asunto más acuciante, incendios forestales aparte, es el decreto de vivienda, que la Moncloa preveía aprobar este mismo martes, pero que ha tenido que dejar para septiembre para intentar conseguir el apoyo de Junts y de Podemos.
Concitar el voto favorable de los dos partidos a un mismo texto va a obligar al Ejecutivo a hilar muy fino, puesto que el rechazo de ambos al borrador inicial se apoya en razones muy diferentes. Los morados exigen que no se incluyan las modificaciones en la ley del suelo que sí quieren PSOE y PNV, mientras los independentistas catalanes insisten en exenciones fiscales de mayor calado que Hacienda no ve con demasiada simpatía. Y Sánchez, este martes, se limitó a afirmar que la vivienda es la “prioridad” del Gobierno y que es “urgente aprobar el decreto y acordarlo”. “Somos un Gobierno en minoría parlamentaria y ahora nos toca tejer esas alianzas con los grupos”, señaló.
De cara a la recta final de la legislatura, asimismo, el Ejecutivo tiene pendiente culminar varias reformas pendientes. La más importante es la largamente postergada derogación de la ley mordaza, que a principios de julio cumplió once años de vigencia y cuya reforma está parada desde hace más de un año en el Congreso por falta de acuerdo entre los grupos. Pero también están por tramitar iniciativas como la derogación de los delitos de injurias contra la Corona y ofensa a los sentimientos religiosos, el refuerzo del registro del horario laboral para los trabajadores por cuenta ajena o la aprobación definitiva de la ley del cine.
