La Comisión Europea ha anunciado este viernes la aprobación de una ayuda de estado de 9.000 millones de euros para que España ponga en marcha el sistema antiapagones que el Ministerio para la Transición Ecológica planteó a principios de 2025 y “garantizar que exista capacidad suficiente para producir, almacenar o consumir electricidad de manera flexible y que la producción de electricidad satisfaga la demanda prevista”. La propuesta permitirá que el Gobierno conceda subvenciones millonarias a las compañías energéticas para garantizar el suministro eléctrico en momentos de desajuste entre oferta y demanda y a la gran industria para que reduzca su consumo energético en momentos de pico de demanda.
Meses antes del histórico apagón generalizado que dejó a la Península Ibérica sin energía el pasado 28 de abril de 2025, Transición Ecológica diseñó la puesta en marcha de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español para asegurar el suministro eléctrico por unas centrales que puedan inyectar energía cuando quieran, recurrir a electricidad almacenada o reducir el consumo de la gran industria, todo ello bajo pago. Meses después del apagón, que según todos los informes estuvo relacionado con problemas en el control de tensión, Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico español, también pidió a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) cambios “urgentes” en cuatro procedimientos de operación del sistema eléctrico tras detectar “variaciones bruscas de tensión” y “ante el riesgo para la seguridad del suministro”.
El mecanismo de capacidad que ha aprobado Bruselas estará abierto a proyectos que “abarcan la generación de electricidad, la respuesta de la demanda (partes que reducen su consumo en respuesta a la reducción del suministro) y el almacenamiento (sujeto a criterios de admisibilidad medioambiental)”. El presupuesto de la medida, calculado a partir de las estimaciones de la Comisi´no Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima en unos 900 millones de euros al año, lo que supone un total aproximado de 9.000 millones de euros durante el período de diez años, en función de los resultados de cada subasta de capacidad.
En este nuevo mercado participarán la generación, el almacenamiento y la demanda –consumidores y agregadores–, que percibirán una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad o bien por reducir el consumo. Su coste recaerá financiará principalmente en la comercialización de electricidad, con mayor peso en las horas de mayor estrés del sistema eléctrico, con el consiguiente traspaso a la factura final.
La Comisión ha evaluado la medida española con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE y ha constatado que “es necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo perseguido, en consonancia con el Reglamento de la UE sobre la electricidad”.
Además se trata de una medida “proporcionada, ya que su cuantía corresponde a las necesidades de financiación reales” y “se concederá a proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva”.
“Los beneficiarios competirán en función del importe de la ayuda solicitada por MW de capacidad disponible durante una situación de escasez. Como consecuencia de ello, la medida tendrá efectos limitados en la competencia y el comercio entre los Estados miembros. La medida se ajusta a la mayoría de las mejores prácticas en materia de mecanismos de capacidad establecidas en el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia”, concluye la institución europea.
En el informe final de ENTSO-E, los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, sobre el apagón que sufrió España y Portugal el 28 de abril de 2025 reveló que fue provocado por “un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión” y concluye que el apagón fue el resultado de múltiples factores interactuantes y una reacción en cadena. El colapso del sistema fue un fallo sistémico impulsado por una combinación de problemas técnicos, operativos y regulatorios, aunque se confirmó que las compañías eléctricas fallaron en el control de la tensión y en la capacidad de respuesta.
Tras el visto bueno de Bruselas, Transición Ecológica ha agradecido a la Comisión Europea “el intenso trabajo realizado para comprobar que la propuesta de Mercado de Capacidad para el sistema eléctrico es acorde con la normativa europea en materia de ayudas de Estado y del mercado interior de la electricidad”.
El departamento de Sara Aagesen subraya que “con el nuevo mercado se conseguirán dos objetivos: asegurar la cobertura de la demanda y ofrecer señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono”. El ministerio ha avanzado en la tramitación de la propuesta normativa en paralelo a las conversaciones con la Comisión Europea y espera aprobarla durante las próximas semanas.
La patronal eléctrica aelēc ha valorado “muy positivamente” la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea, y confía en que se puedan lanzar “cuanto antes las subastas” de capacidad, “tanto a largo plazo” como las de corto. Este visto bueno “supone un paso decisivo para garantizar la seguridad de suministro eléctrico y avanzar en la descarbonización del sistema energético”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España”.
Según la asociación a la que pertenecen Iberdrola y Endesa, “el mecanismo de capacidad constituye una herramienta imprescindible para garantizar que el sistema eléctrico disponga de los recursos firmes, flexibles y gestionables necesarios para acompañar el despliegue masivo de energías renovables y asegurar el suministro en todo momento”.
Y es “especialmente positivo que España cuente ya con luz verde europea para implantar un esquema de pagos por capacidad alineado con el marco comunitario y con los objetivos de transición energética”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España, de forma que pueda entrar en funcionamiento cuanto antes y aportar señales de inversión claras y estables que aseguren el suministro”.
