El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de un millón de euros a la empresa de alquiler de coches Avis por cobrar a sus clientes una tasa de entre 33,88 y 45 euros cuando recibían una sanción de tráfico durante el periodo de alquiler de uno de sus vehículos.
La sanción, dictada en el grado máximo previsto para este tipo de infracciones, considera que la compañía estaba cobrando a los consumidores por una gestión que está obligada a realizar por ley: comunicar a la Administración la identidad de la persona que conducía el vehículo cuando se cometió la infracción.
La resolución de Consumo considera abusiva esta cláusula porque impone al consumidor el coste de un trámite que corresponde realizar al titular del vehículo. En el caso de las empresas de alquiler, estas deben facilitar a la Administración los datos de la persona arrendataria o, en su caso, el contrato de alquiler para identificar al conductor responsable.
Según el Ministerio, repercutir ese coste al cliente supone establecer una carga económica desproporcionada y rompe el equilibrio del contrato en perjuicio de la persona consumidora. La resolución considera que la práctica vulnera varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La tasa, que Avis aplicaba bajo el concepto de «gastos de gestión de sanción administrativa», se cobraba además del importe de la propia multa de tráfico.
Avis ya había sido condenada por una cláusula similar
Consumo considera la infracción «muy grave» al apreciar una circunstancia agravante: la empresa habría persistido en una práctica que ya había sido declarada ilícita.
En concreto, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz declaró abusiva esta cláusula en una sentencia de septiembre de 2020. El fallo anuló varias condiciones generales utilizadas por Avis, entre ellas la comisión por la gestión de multas, y ordenó a la compañía eliminarlas, dejar de aplicarlas en los contratos vigentes y no incorporarlas en el futuro.
El Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy considera que esta resolución judicial previa justifica la aplicación del grado máximo de la sanción, que asciende a un millón de euros.
Una denuncia de una asociación de consumidores
El expediente se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV. La resolución agota la vía administrativa, aunque Avis todavía puede recurrir la sanción ante los tribunales.
Consumo señala que la obligación de identificar al conductor responsable está recogida en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que, por tanto, no puede trasladarse al consumidor un coste adicional por cumplir con ese trámite.
