Las nueve vocalías progresistas del Consejo General del Poder Judicial han pedido una renovación de las comisiones equitativa y respetuosa con los acuerdos alcanzados en el año 2024 por el PSOE y el PP. Consideran que restablecer el equilibrio y la confianza interna es necesario para afrontar los retos del nuevo año judicial y alcanzar acuerdos sobre los nombramientos pendientes.
El acuerdo de 2024 puso fin a cinco años y medio de bloqueo institucional en el CGPJ y pactaba un reparto equilibrado de diez vocales propuestos por los socialistas y diez por los conservadores. Después de casi tres décadas de presidentes conservadores, la renovación pactada con una limitada mayoría progresista abría la puerta a un reequilibrio en la correlación de fuerzas en las cúpulas de los tribunales a favor de la izquierda.
Sin embargo, los nombramientos realizados desde entonces evidencian el enorme peso que sigue teniendo la conservadora APM, a la que están afiliados 1.448 jueces, el 27% de la carrera, según los últimos datos oficiales del CGPJ. De hecho, en 19 de los 59 puestos adjudicados a esta asociación, sus candidatos eran los únicos aspirantes. Del Consejo actual, siete vocales —todos ellos elegidos a iniciativa del PP— están vinculados a esta asociación.
Por ello, desde el sector progresista recuerda ahora que la renovación debe cumplir “las previsiones legales y respetar los acuerdos de funcionamiento y reparto de responsabilidades alcanzados en 2024”.
Según detallan, el próximo 23 de octubre se cumple un año desde la aprobación de la actual composición de las comisiones. Además, avanzan que las negociaciones se encuentran avanzadas, con amplios espacios de consenso que permiten confiar en una pronta culminación del proceso.
No obstante, recuerdan que el acuerdo de 2024 estableció un sistema de rotación de mayorías y presidencias y una distribución equilibrada de las responsabilidades entre las distintas sensibilidades representadas en el CGPJ. “Cualquier ajuste dirigido a garantizar la continuidad de proyectos o líneas de trabajo debe responder a ese mismo principio de equilibrio, ser fruto del consenso y aplicarse con criterios de reciprocidad”, exponen en un comunicado.
Según explican, no reclaman un reparto favorable a ninguna sensibilidad, sino “un modelo equitativo y coherente con los compromisos asumidos al inicio del mandato”: “Las mismas reglas deben aplicarse a todas las vocalías, sin que las preferencias o los ámbitos de especialización de unas reciban mayor consideración que los de otras”.
Las nueve vocalías progresistas del Consejo General del Poder Judicial ya denunciaron en comunicados el 23 y 28 de octubre de 2025 que el acuerdo resultó quebrantado durante la renovación del pasado año. “La composición de las comisiones fue aprobada sin el acuerdo de las vocalías progresistas, que no pudieron intervenir en condiciones de igualdad en la configuración final del reparto”, afirman.
“Sus preferencias, experiencia y ámbitos de especialización no recibieron la misma consideración que los del resto de integrantes del Consejo. Tampoco se respetó el principio de alternancia pactado para la Comisión Permanente, alterando los equilibrios sobre los que se asentó el acuerdo de 2024”, detallan desde el sector progresista.
Por ello, insisten en que la renovación en curso debe corregir esa situación y apelan a la responsabilidad del sector conservador, de Carlos Hugo Preciado y de la presidenta del CPGJ para “restablecer los compromisos de equilibrio, reciprocidad y consenso”. “La presidencia del Consejo tiene una responsabilidad específica en facilitar acuerdos que garanticen la participación de todas las sensibilidades en condiciones de igualdad”, argumentan.
Con respecto a los nombramientos, explican que llevan trabajando desde el pasado mes de febrero para propiciar el “consenso necesario” para cubrir la vacante existente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sin embargo, afirman, esos esfuerzos no llegaron a materializarse debido a “la posición mantenida por el sector conservador, que consideró conveniente posponer el acuerdo durante más de siete meses”. “Resulta difícil compatibilizar esos reiterados aplazamientos con la urgencia que ahora se pretende imprimir a los nombramientos, especialmente cuando se invoca para posponer o condicionar la renovación de las comisiones”, aseguran.
