Las redes sociales están llenas de memes comparando a Julián Álvarez con Nicolás Maduro. Ambos presos, irónicamente, en los que el primero mantiene cara de pocos amigos en el banquillo del Atlético mientras que el presidente venezolano sonríe en una cárcel estadounidense. Bromas aparte, el culebrón del verano, tras las negativas del club rojiblanco de traspasar al delantero al FC Barcelona a precio de saldo, deriva ahora en el resquicio legal de que el argentino apele a la justicia ordinaria respecto a su abusiva cláusula de rescisión. «Nadie le puso una pistola en la cabeza. Firmó un contrato, con sus asesores al lado sabiendo qué cláusula aceptaba», cuenta a ELMUNDO Álvaro Gómez de la Vega, socio del despacho de abogados Jofre Sports Law.
Las cláusulas de rescisión son una cantidad pactada entre club y jugador que cuantifican de antemano la indemnización que percibiría la entidad si el futbolista extingue unilateralmente el contrato sin causa imputable al club. El 12 de agosto de 2024 Julián Álvarez rubricaba su vinculación con el Atlético hasta 2030 por un montante de unos 15 millones brutos por temporada y una cláusula de rescisión de 490 millones de euros. Dos años después, y tras una declaración explosiva en el Mundial de EEUU de que lo mejor era «una transferencia», denunciar que la cláusula es abusiva como hicieron Mista en 1998 y Zubiaurre en 2005 es su único recurso.
El vasco intentó dejar la Real Sociedad por el Athletic Club pagando medio millón de euros por rescindir unilateralmente un contrato que el club txuri-urdin aseguró que tenía una cláusula de 30 millones de euros. El caso fue judicializado y un tribunal de lo Social dictaminó que la indemnización debía ascender a cinco millones de euros por ser la cláusula «notoria, clara y absolutamente excesiva» y funcionar como instrumento de dominación del club. No obstante, hubo un voto particular en el que un magistrado reconoció los 33 millones que pedía la Real. Zubiaurre pudo jugar en el Athletic tras pagar, pero el proceso le dejó dos años parado.
Este resquicio legal gira en torno al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985. En el texto se habla de que la extinción por voluntad del deportista, sin causa imputable al club, dará derecho «a una indemnización que en ausencia de pacto fijará la Jurisdicción Laboral en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y demás elementos que el juzgado considere estimable». Lo primero en el caso de Julián es que sí existe un pacto entre ambos y que el argentino no es un jugador que acabe de llegar al profesionalismo sino un futbolista que sabía lo que firmaban tanto él como sus asesores.
Lo segundo es que el club rojiblanco pagó 90 millones de euros por el futbolista en 2024 a los que hay que sumarle una cantidad similar en concepto de salario. No es un jugador formado en la cantera, como Zubiaurre o Mista. Esas cantidades, así como edad, duración del contrato, rendimiento, valor de mercado, perjuicio económico y deportivo o la existencia de otras ofertas son los otros factores que se deberían tomar en cuenta a la hora de cuantificar la indemnización. La suma supera los 200 millones de euros, el doble de la oferta que realizó el FC Barcelona. «Lo que mira un juez no es la cifra absoluta, es la proporción. Treinta millones para un canterano sin mercado son desproporcionados, 500 para un futbolista campeón del mundo por el que se pagaron 90 es una discusión muy distinta», afirma Gómez de la Vega.
Límite 00.00 horas
Tampoco se pueden obviar los tiempos. Esta noche a las 00.00 se cierra el mercado de fichajes en España. Para activar ese mecanismo, además de la demanda social, el jugador debería depositar su rescisión íntegra en LaLiga para forzar quedar libre antes de ese cierre. «Consignar menos y pedirle a un juez que lo bendiga no se resuelve en unas horas», analiza el letrado.
Por último, si Julián ficha por otro club de LaLiga, el conflicto lo resolvería la Federación Española. Si sale al extranjero, entraría FIFA, que podría sancionar al club de destino y al jugador si el Atlético prueba que hubo inducción a la ruptura contractual. Siempre, claro, que el futbolista no deposite la claúsula íntegra. Las sanciones podrían ser de prohibición de fichar en varias ventanas para el caso del club y de inhabilitación de cuatro a seis meses para el jugador.
Desde el Atlético dicen que no contemplan «polémicas de redes sociales», respecto a esta remota opción legal, y que el jugador «se queda». «Nunca irá al Barcelona», sostienen categóricamente y recuerdan que hay cláusulas más altas en la entidad blaugrana. El jugador ya entrenó el domingo con sus compañeros tras dos días ausente y en el club cuentan con él.
